Piensa mal y acertarás es un dicho que llama a las personas a desconfiar de las cosas que se presentan como soluciones reales a problemáticas complejas de vieja data, como las relacionadas con el servicio eléctrico en la Costa Atlántica. Natasha Avendaño, Superintendente Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios, salió de viaje por el mundo hace un par de años ofreciendo en venta la empresa Electricaribe. Después del continente asiático se trasladó a Estados Unidos, donde, incluso, le propuso el negocio a un bufete de abogados, como consta en los medios de comunicación. Así estaba de encartado el gobierno de Iván Duque, cuando la solución estaba aquí misma si de verdad le hubiera querido servir a los más de diez millones de costeños: crear una empresa regional de carácter público con recursos, entre otros, del Fondo Nacional de Regalías mineras para las inversiones en la infraestructura eléctrica sin afectar las tarifas, como lo estípula el parágrafo primero del artículo 318 de la Ley 1955 de 2019 o Plan Nacional de Desarrollo.
Pero la orden perentoria de la Financiera de Desarrollo Nacional, FDN, bajo el control del Banco Mundial, era que había que segmentar la empresa en dos, así perdiera economías de escala, y entregarle una parte –Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar– a EPM de Medellín (Afinia) para que completara el 35% del mercado nacional de distribución y comercialización de energía; y la otra –Atlántico, Magdalena y La Guajira– al Consorcio de Energía de la Costa del empresario Alberto Ríos Velilla (Air-e). En ambos negocios salió perdiendo el Estado porque vendió a precio de gallina flaca. Tan oscuras fueron ambas transacciones, que al gobierno le da pena revelar el monto.
A este desfalco, se le suma el regalo de la cartera ordinaria y la morosa (1), que para Afinia y Air-e alcanza $920.000 millones, recuperables. El Ministerio de Hacienda expidió la Resolución 1877 de 29 de septiembre de 2020, por medio de la cual “otorga dos contratos de garantías con el fin de garantizar las obligaciones adquiridas en los contratos de adquisición de acciones suscritos por Electricaribe con Caribe Mar (Afinia) y Caribe Sol (Air-e) por dos billones de pesos” (2). Además, dieciocho días de facturación del mes de septiembre, cuando aún no habían entrado las nuevas empresas, los están cobrando por montos superiores a los doscientos mil millones de pesos, según el economista Jorge Vergara Carbó.
TARIFAS Y COBROS PREPAGOS
Para el gobierno lograr la hazaña de regalar a Electricaribe y segmentarla tuvo que hacer aprobar de las mayorías del Congreso el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019), el cual contempla un capítulo sobre Electricaribe con numerosos artículos, a cuál más nocivo. EL PND obliga al Estado a asumir el pasivo pensional por $1,53 billones (Conpes 3985), e impone una sobretasa de $4 el kilovatio-hora mensual y una contribución adicional para el Fondo Empresarial de Superservicios, calculada por Celsia-Argos en $9 el kilovatio hora mensual, que rigen para todos usuarios del país. Pero el más gravoso es el artículo 318, que le descarga encima a la Región Caribe un Régimen Especial Tarifario, ya plasmado en la Resolución Creg 010 de 2020, para equiparar por lo alto las tarifas de la Costa con las del resto del país.
En esta última se contemplan tres alzas: una en el ítem de Distribución, que llevará a cobrar el plan de inversiones futuro en las tarifas en forma anticipada desde el 2021; otra, incorporando un porcentaje mayor de pérdidas en la tarifa, del 13% actual al 26% en el 2021; y el alza en la comercialización del 20% y 3% en prima de cartera, que impactará con un 4% en el costo unitario del kilovatio-hora, contenida en el Decreto 1231 de 2020 del Ministerio de Minas (3). Para peor ya anunciaron Afinia y Air-e los cobros prepagos a los barrios subnormales que dejarán en las tinieblas a miles de familias pobres.
La conclusión es obvia: un chorro de plata de todos los colombianos para estas empresas, que sin apenas desempacar ya están llenando las alforjas. Y es apenas el arranque, porque las dos seguirán recibiendo mucha más por las costosas tarifas, mientras la población y empresarios padecen la peor crisis de la historia, producto de un modelo expoliador y de la pandemia, que sigue latente. Las fuerzas vivas de la región sabrán calar los oprobios y engaños de los gobernantes para desbrozar los caminos de una verdadera democracia que beneficie a los creadores de la riqueza social.
Coordinador Liga Nacional de Usuarios de servicios Públicos Costa Atlántica