La JEP, el tribunal de justicia especial que ha sido víctima de los ataques por parte de la administración Duque y el partido Centro Democrático.
El primer informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la situación de derechos humanos en Colombia, dejó muy mal parado al Gobierno Nacional en esta materia y reconoció las labores que viene adelantando la Justicia Especial para la Paz (JEP).
El documento, de 43 páginas, el cuál se convierte en el primer informe publicado en la administración de Joe Biden sobre este tema, menciona que Colombia aún tiene problemas en materia de derechos humanos.
Para sustentar esa premisa, el informe documenta los casos en los que se evidencia las responsabilidades directas que tuvieron agentes del Estado en violaciones a derechos humanos el año pasado, como las interceptaciones ilegales a periodistas o los actos arbitrarios y homicidios cometidos por la Fuerza Pública.
Sin embargo, entre todo lo malo, el informe también hace una referencia especial al trabajo que viene adelantando la JEP, el tribunal de justicia especial que ha sido víctima de los ataques por parte de la administración Duque y el partido Centro Democrático.
Destaca los avances obtenidos los avances obtenidos del tribunal de paz en el Caso 003: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado o “falsos positivos”, cometidos por la Primera, Segunda, Cuarta y Séptima División del Ejército Nacional.
Y, por último, resalta el hallazgo de la fosa común de Dabeiba gracias a los testimonios recogidos y el reconocimiento del general William Henry Torres Escalante de su responsabilidad en los ‘falsos positivos’.
El gobierno de los Estados Unidos destacó el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. En su informe anual sobre derechos humanos , el primero publicado en la administración de Joe Biden, ese país se refirió al trabajo de la JEP para acabar con la impunidad en medio de las crecientes denuncias de abusos a los derechos humanos.
“La JEP, el componente de justicia previsto en el acuerdo de paz de 2016 continuó tomando medidas efectivas para sancionar a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos de una manera compatible con el derecho internacional. Esto incluyó actividades para adelantar el Caso 03, centrado en ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ cometidos por las Divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército”, advierte el documento.
En su informe anual, Estados Unidos celebró los avances encaminados a sancionar a los máximos responsables del conflicto armado acatando las normas internacionales. “Al 31 de agosto, la JEP había recibido 250 ‘versiones voluntarias’ de los presuntos perpetradores que relatan en sus versiones los hechos ocurridos durante el conflicto (caso 03). Dichos testimonios llevaron a los investigadores a descubrir una fosa común de presuntas víctimas de falsos positivos en el departamento de Antioquia”,
Así mismo, Estados Unidos detalló que, si bien en agosto de 2019 un pequeño grupo de disidentes de las Farc-EP regresó al conflicto armado, “alegando que el gobierno no había cumplido con sus obligaciones en virtud del acuerdo de paz esto no resultó en una respuesta significativa de los excombatientes de las Farc-EP que han estado participando en el proceso” y que siguen comprometidos con los tres mecanismos creados fruto del Acuerdo Final de Paz: la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
Finalmente, el informe anual destaca que la JEP “continúa investigando sus siete macro casos priorizados con el objetivo de identificar patrones y establecer vínculos entre los perpetradores, con el objetivo final de identificar a los más responsables criminalmente por los abusos más graves durante el conflicto”.
Por otra parte, el informe no deja bien parado al Gobierno de Iván Duque y en siete apartados, se centra en las responsabilidades directas que tuvieron agentes del Estado en violaciones a derechos humanos el año pasado. Así mismo, llama la atención sobre la crítica situación humanitaria en las regiones y condiciones alarmantes en las cárceles del país.